Gremios financieros critican indicaciones del Gobierno por Ley Anti Fraudes

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, acudió este miércoles a la comisión de Hacienda del Senado para presentar una batería de indicaciones para reformar la Ley Anti Fraudes. Parte de las propuestas modifican los plazos de restitución de los montos defraudados y algunas materias de seguridad.

No obstante, el tema que quedó ausente y que era uno de los principales requerimientos solicitados por la industria era modificar el estándar sancionatorio para los autofraudes desde culpa leve o dolo a culpa grave.

De hecho, un informe elaborado por la Corte Suprema enviado al Congreso indicó que “la decisión de mantener el estándar de culpa grave o dolo es contradictoria con los fundamentos del proyecto”.

La Corte consideró que al reconocerse culpa grave o dolo “supone el menor grado de diligencia exigible que debe observar el titular del medio de pago”. Esto, pues “se reconoce que el aumento de fraudes se debe a la existencia de incentivos a cometer autofraudes a sabiendas que es poco probable que ello acarree consecuencias”.

La industria advirtió que las pérdidas por fraudes han superado los US$ 350 millones en 2023.

Frente a las indicaciones hechas por el Ejecutivo, el gerente general de la Asociación de Bancos (ABIF), Luis Opazo, lamentó que “no corrigen las consecuencias de una mala ley, ya que se mantiene la culpa grave o dolo, apartándose de la regla general en medios de pago y las referencias internacionales en esta materia”.

Opazo dijo que mantener dicho estándar de responsabilidad es incluso contradictorio con el informe de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley.

El presidente ejecutivo de Retail Financiero, Claudio Ortiz, también planteó que “nos sorprende que no se haya incluído la posibilidad de que las empresas puedan terminar o suspender los contratos cuando detecten el uso fraudulento de los medios de pago”.

Ortiz expresó que “es imperativo adoptar un enfoque más amplio que vaya más allá de las soluciones de forma. Instamos a los legisladores, que a pesar de la celeridad que requiere el tema, se den el tiempo para un análisis profundo, que permita abordar la raíz del problema”.